El detenido Rodríguez utilizó para las corruptelas del PSOE la misma empresa que el ‘popular’ Rus: Imelsa

Imelsa, la empresa pública que puso en jaque a todo el PP valenciano por su gestión corrupta, le estalla ahora en las manos al PSOE. De nada ha servido que Imelsa se reconvirtiera en Divalterra en 2015 para recuperar su credibilidad ante la opinión pública tras la llegada al poder de la coalición del PSOE con los nacionalistas de Compromís. Las prácticas corruptas han persistido y este miércoles el Juzgado de Instrucción número 9 de la ciudad del Turia ha ordenado la detención del presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez, alcalde de Onteniente, hombre de máxima confianza del presidente valenciano, Ximo Puig, y que a sus 39 años, desde su imagen amable, abanderaba la renovación del socialismo valenciano.

La ‘Operación Alquería’ en la que ha sido detenido Rodríguez persigue presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia en mayo. La investigación se centra en la contratación irregular de varios altos cargos con el conocimiento de informes jurídicos que alertaban de su improcedencia. Pero también, como apuntó Ciudadanos en una denuncia previa, la posibilidad de que parte de los sueldazos asignados a los enchufados como altos cargos haya podido acabar financiando al PSOE valenciano.

Rodríguez representaba la apuesta del PSOE y de Ximo Puig para refrescar la imagen de la Diputación, lastrada por las investigaciones judiciales en torno al mandato del ‘popular’ Alfonso Rus y por las constantes críticas de los entonces partidos de la oposición de que los ayuntamientos gobernados por el PP recibían un constante trato de favor desde el Palacio de la Diputación.

Divalterra como Imelsa

Divalterra es la empresa pública de la Diputación de Valencia que, con la llegada al gobierno valenciano del PSOE y Compromís, abandonó el nombre de Imelsa para superar el “gran déficit de reputación corporativa” en la que le sumió la gestión de Rus y “comenzar una nueva etapa” con la intención de convertirse en “un referente de gestión pública eficiente”.

La nueva Imelsa ha sido utilizada por Rodríguez como plataforma de contratación para consolidar su poder orgánico dentro del PSOE valenciano

La empresa pública de la Diputación tiene como objetivo “la promoción, apoyo y participación en actividades económicas, empresarias y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia de Valencia”. Pero la realidad es que, entonces con el PP y ahora con el PSOE y Compromís, su notoriedad pública se debe a la corrupción.

El cambio de nombre sirvió de poco. Uno de los dos gerentes que anunció la nueva denominación, el socialista Víctor Sahuquillo, dimitió al poco tiempo tras conocerse una auditoría interna que cuestionaba el fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas como dietas. La otra cogerente, Agustina Brines, de Compromís, es una de las personas contra las que este miércoles se ha dictado una orden de detención dentro de la ‘operación Alquería’.

Contratos de alta dirección

Tanto la Diputación como Divalterra, han sido utilizadas por Jorge Rodríguez como plataforma de contratación para consolidar su poder orgánico dentro del PSOE valenciano, del que hoy es portavoz de su Ejecutiva. El detenido presidente de la Diputación colocó al frente de la nueva Imalsa a Xavi Simón, hasta ese momento coordinador de asesores de presidencia de la Diputación, y también detenido este miércoles. A Simón le siguieron Miguel Ángel Ferri, Neus Garrigues (nueva líder comarcal de la Ribera Alta), Víctor Jiménez (alcalde de Rocafort) y Lucas Ferrando (secretario general de la Hoya de Buñol, quien dimitió el pasado jueves). Unos en Egevasa (la empresa de gestión del agua) y otros en la propia Divalterra.

Su contratación se realizó, según Anticorrupción, violando las normas legales. Divalterra se empeñó en convertir esos contratos como de ‘alta dirección’ en contra de los informes jurídicos que se solicitaron a un despacho de abogados.

Ciudadanos había denunciado a Anticorrupción la sospecha de que se estaban desviando al PSOE y Compromís parte de los sueldazos asignados a los altos cargos enchufados en Imelsa

La Fiscalía decidió intervenir tras una denuncia de Ciudadanos, según la cual el consejo de administración de la empresa pública nombró dos gerentes -uno militante del PSOE y otro de Compromís- por contrato laboral de alta dirección; y cuatro meses más tarde, se realizó la contratación mediante libre designación de siete directores de área con el mismo tipo de contrato -tres del PSOE y cuatro de Compromís- «apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».

Sueldazos para todos

Cada uno de estos altos cargos cobra un salario anual de 50.000 euros más gastos de desplazamiento, comportando un coste/empresa de 75.000 euros al año.

La denuncia del partido de Albert Rivera agregaba que el pasado mes de febrero se acordó la contratación de dos altos directivos más al margen de los nombrados en noviembre de 2015 pese a los informes en contra. Ciudadanos concluía que se estaba produciendo en la antigua Imelsa un «tráfico de influencias, una manipulación y una total falta de respeto y el más absoluto desprecio al derecho».

Además, la denuncia de la formación ‘naranja’ alertaba de que, en base a los presupuestos de los últimos años de Imelsa, no existía un incremento de actividad ni presupuesto alguno que justificase la contratación de una cogerencia y de siete altos directivos, «cuyas contrataciones suponen una imposición de acuerdos abusivos continuados, despilfarro, desviación, sustracción y malversación». «La necesidad de las contrataciones no se justifica ni formal ni tácitamente, manifestándose un dolo en la decisión de especial gravedad», añadía.

Así mismo, apuntaba que «es posible que los altos cargos contratados por Imelsa realicen, de las retribuciones percibidas por la empresa pública, donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos enchufado en la empresa, aportaciones que, en todo caso, se obtienen de fondos públicos». «Esto supondría una reiterada sustracción de los fondos públicos, desviación del destino de los mismos y malversación de fondos de especial gravedad», finalizaba.